El Ministerio Público finalizó este miércoles la incorporación de pruebas en el juicio de fondo del caso de corrupción administrativa conocido como Operación Antipulpo, que se lleva a cabo en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El proceso es conducido por las juezas Claribel Nivar, Clara Castillo y Jisell Soto, quienes evaluarán las más de 100 pruebas testimoniales y 50 pruebas materiales presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la PEPCA, Mirna Ortiz, destacó que se realizaron más de 20 peritajes a equipos informáticos con extracción de información relevante.
«Para el Ministerio Público, esto representa un gran avance, ya que estamos cada vez más cerca de una sentencia condenatoria cuando el tribunal examine y evalúe las pruebas», afirmó Ortiz.
Estas últimas semanas del juicio de fondo se han caracterizado por la presentación de testigos en el sonado caso de corrupción. La perito perteneciente a la Cámara de Cuentas, Francisca Javier Santos, arremetió contra la supuesta «mafia de combustibles» que, alegó, que se dio durante los años 2015 y 2017 entre la Policía Nacional y la empresa Fuel América, propiedad del imputado Juan Alexis Medina Sánchez, el principal acusado en el caso.
Declaró que las auditorías realizadas a la empresa Fuel América, arrojaron que no existían conduces de varias entregas de combustible a la Policía Nacional. Además, testificó que la Policía Nacional pagó por combustible premium cuando se entregó combustible regular, lo que habría beneficiado a Fuel América.
En este juicio se sindica a Medina y otros encartados de asociación de malhechores y de desfalcar al Estado con más de 4,500 millones de pesos. El Ministerio Público dice, sobre todo, que Medina Sánchez se aprovechó de su condición de hermano del expresidente Danilo Medina para, a través de diversas instituciones negociar y así estafar al Estado.
El proceso sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien se le acusa de utilizar su influencia como hermano del expresidente Medina para organizar un entramado societario que desviaba fondos del Estado dominicano mediante empresas interpuestas en los procesos de compras. «Estas empresas se beneficiaban de contratos fraudulentos obtenidos gracias a su posición de poder.»
Así como contra Carmen Magalys Medina Sánchez, quien en su calidad de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), habría facilitado procesos de compras simulados en beneficio de las empresas vinculadas al entramado liderado por su hermano. Por su parte, Fernando Manuel Rosa Rosa, expresidente del Fonper, presuntamente utilizó los recursos de la institución para fines proselitistas, incluyendo la construcción de viviendas destinadas a campañas políticas.»
El exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, está acusado de participar en la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas al entramado, permitiendo el desvío de fondos públicos. Rafael Antonio Germosén Andújar, como excontralor general de la República, presuntamente facilitó y encubrió las operaciones fraudulentas, impidiendo que fueran detectadas por los controles internos.
Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector de Fiscalización de la Oisoe, es señalado por aprobar y supervisar obras con sobrevaluaciones y pagos irregulares en beneficio de las empresas del entramado.
José Dolores Santana Carmona es acusado de ser uno de los principales testaferros, prestando su nombre para la creación de empresas ficticias que canalizaban los fondos desviados. De manera similar, Wacal Bernabé Méndez Pineda está acusado de participar en la falsificación de documentos y la creación de empresas fantasmas para simular competencias en licitaciones públicas.
Libni Arodi Valenzuela Matos habría participado en la elaboración de documentos falsos y gestionado empresas de carpeta que desviaban recursos hacia los líderes del entramado.
Paola Mercedes Molina Suazo es acusada de ser intermediaria en las transacciones financieras del entramado, facilitando el movimiento y lavado de fondos ilícitos. Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, por su parte, habría creado y administrado empresas ficticias, mientras que Víctor Encarnación Matías Montero está imputado por colaborar en la logística de los fraudes, incluyendo la coordinación de entregas y servicios ficticios.
Francisco Ramón Brea Morel (Johnny Brea) habría falsificado documentos relacionados con la entrega de materiales como el AC-30 para justificar pagos millonarios por servicios no realizados. Rigoberto Alcántara, Carlos Alarcón Veras y Lina Ercilia de la Cruz están imputados por la administración y creación de empresas utilizadas para justificar los contratos fraudulentos.
Finalmente, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino, José Miguel Genao, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa son señalados por facilitar la creación de empresas y estructuras financieras para el blanqueo de capitales, permitiendo que los recursos desviados llegaran a los líderes del entramado sin levantar sospechas.
