La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación contra los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, y el periodista Gustavo Gorriti y les ha ordenado que entreguen los teléfonos utilizados entre enero de 2016 y abril de 2021, en plena instrucción del caso Odebrecht en ese país. El propósito del fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, que investiga delitos cometidos por funcionarios públicos, es levantar el secreto de sus comunicaciones y revelar sus fuentes.
Gorriti, director del portal IDL-Reporteros, está señalado por su papel en las pesquisas sobre las ramificaciones de la constructora brasileña Odebrecht en Perú, cuya trama reveló la corrupción estructural de la clase política del país. También está acusado por la cobertura del llamado caso Cócteles, que involucra a la política derechista Keiko Fujimori en una presunta red de aportes irregulares de empresas para su campaña electoral de 2016 bajo la fachada de eventos sociales.
La decisión de la Fiscalía ha despertado una ola de solidaridad, tanto en Perú como a escala internacional, con el periodista. César Hildebrandt, director del semanario Hildebrandt en sus Trece, hizo una invocación al gremio a demostrar su “compromiso con la libertad en este asunto de vital importancia”. “Gorriti tiene todo el derecho de no entregarlos. Prefiero estar preso que entregarle a un fiscal los teléfonos celulares. Porque tú no eres funcionario público, Gustavo. Eso es inaceptable”, criticó Hildebrandt, estableciendo la diferencia entre Gorriti y los fiscales. Ángel Páez, director de la Unidad de Investigación del diario La República, subrayó que no se trata de Gorriti, sino de un dardo contra el oficio. “No es contra Gustavo Gorriti, es contra los reporteros de investigación. No es contra Gustavo Gorriti, es contra los periodistas que destapan la corrupción. No es contra Gustavo Gorriti, es contra la prensa libre”, señaló.
A mediados de febrero, cuando se intensificaron los intentos de intimidación contra Gorriti, más de 80 periodistas de América Latina y Estados Unidos salieron su defensa del periodista a través de una carta. Al mes siguiente, el US National Press Club y el National Press Club Jorunalism Institute promovieron otro comunicado conjunto firmado por diez organizaciones periodísticas y de defensa de la libertad de prensa. “Es un obvio intento por silenciar a uno de los mejores periodistas de investigación de América Latina”, señala el documento.
La investigación preliminar abierta contra Gorriti a finales de marzo se basa en el testimonio de Jaime Villanueva Barreto, antiguo hombre de confianza de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. El Filósofo, como es apodado este operador, acusa a Gorriti de haber cercado Alan García con sus exclusivas y de haberle inducido al suicidio. El expresidente se pegó un tiro en abril de 2019 cuando iba a ser detenido por corrupción. Villanueva Barreto también lo acusa de haber favorecido al fiscal Rafael Vela para que continuara al frente del Equipo Especial Lava Jato.
El 5 de abril se venció el plazo para que Gorriti y los fiscales entregaran sus celulares. Ninguno ha cedido al requerimiento. Como dice Juan Carlos Tafur, director del portal Sudaca, “la solidaridad con Gorriti excede cualquier malquerencia periodística que, claro está, pueda haber cultivado a lo largo de su ejemplar carrera. Hasta sus enemigos en el ramo periodístico no pueden avalar una vulneración tan brutal a la esencia del buen periodismo como la que se pretende perpetrar”.
Gustavo Gorriti es reconocido por sus reportajes en las épocas más duras del terrorismo y la dictadura de los años noventa. Fue secuestrado el 6 abril de 1992, al día siguiente de que Alberto Fujimori quebrara el orden constitucional con un autogolpe de Estado. Desde el 2009, IDL Reporteros se ha consolidado como un referente en el periodismo de largo aliento con una apuesta por la investigación.
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