En este episodio de Mesa Redonda RD abordamos un tema que ha generado gran preocupación en la ciudadanía: la apertura de un nuevo peaje en la autopista Duarte, con un costo de 100 pesos en cada dirección.
Esta medida representa un golpe directo al bolsillo de los residentes de Villa Altagracia y de las zonas circundantes, quienes dependen diariamente de esta vía para ir a trabajar, estudiar o realizar sus actividades cotidianas en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán y otras localidades.
El impacto económico inmediato que supone esta disposición especialmente para la clase trabajadora afectará el presupuesto familiar de los residentes en esa zona.
Un simple cálculo revela que quienes se trasladan a diario deberán destinar alrededor de 4,400 pesos mensuales solo al pago de peaje, sin considerar otros gastos de transporte como el combustible o el mantenimiento vehicular.
En efecto, este incremento en los costos de movilidad se traducirá en una presión adicional sobre presupuestos familiares, pues enfrentan múltiples desafíos ante el encarecimiento generalizado de la vida.
Más allá del aspecto económico, las implicaciones sociales de esta medida están a la vista de todos, pues huelga decir que limita la movilidad y profundiza las brechas territoriales. De ahí que cabe preguntar hasta qué punto decisiones de este tipo responden a una visión integral de desarrollo o si, por el contrario, perpetúan un modelo que favorece la exclusión y el rezago de comunidades enteras.
En tal sentido, la falta de mecanismos de consulta previa o de programas de compensación agrava la sensación de desconexión entre las autoridades y las realidades cotidianas de la población.
La necesidad de repensar el modelo de financiamiento de las infraestructuras públicas. Si bien es legítimo que el Estado busque recursos para el mantenimiento y expansión vial, resulta problemático que el costo de estas inversiones recaiga de manera desproporcionada sobre quienes menos capacidad tienen para absorberlas por lo que la situación descrita obliga a una reflexión crítica sobre políticas de movilidad más justas, sostenibles y sensibles de cara a las condiciones socioeconómicas de cada región.
Este nuevo peaje no es solo un cobro adicional; constituye un evidencia real de las tensiones entre el desarrollo económico y la equidad social. Desde Mesa Redonda RD reafirmamos nuestro compromiso de seguir dando voz a las preocupaciones ciudadanas y promoviendo un debate público informado, respetuoso y orientado al bienestar colectivo. Porque en democracia, toda medida debe ser evaluada no solo por su eficiencia financiera, sino también —y sobre todo— por su justicia social.
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